Casi la mitad de los hogares argentinos sufre “estrés económico”, según el último informe de la UCA

La baja de la inflación trajo cierto alivio, pero no logró borrar el impacto acumulado de años de deterioro económico. Así lo reflejó el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA), que reveló que el 47% de los hogares del país atraviesa una situación de “estrés económico”, una categoría que incluye a quienes no pueden ahorrar ni llegar con holgura a fin de mes.

El indicador surgió de la misma encuesta con la que la UCA mide pobreza e indigencia, aunque en este caso se trata de una percepción subjetiva basada en la experiencia cotidiana de las familias. “Es una medida más realista para entender lo que viven los hogares”, explicó Agustín Salvia, director del Observatorio y sociólogo del Conicet.

A fines de 2024, el 36,6% de los hogares eran pobres según el ingreso declarado, mientras que el 8,8% se encontraban en situación de indigencia. Pero el “estrés económico” abarcó al 47%, evidenciando que hay una franja amplia de trabajadores que, aunque no sean técnicamente pobres, viven con serias dificultades para sostener sus gastos básicos.

El fenómeno no es nuevo, pero viene en crecimiento: en 2022, la misma medición marcaba un 41,1%, lo que implica una suba de casi seis puntos en apenas dos años. Para los autores del estudio, este deterioro responde a una combinación de inflación, caída de ingresos reales y cambios en los precios relativos que impactaron en sectores sensibles como jubilados, trabajadores informales y empleados públicos.

Según Salvia, la pobreza por ingresos no alcanza a capturar toda la complejidad del escenario actual. “El estrés económico refleja una realidad más amplia, que incluye la imposibilidad de mantener cierto estándar de vida, más allá del umbral de pobreza”, señaló.

Los especialistas advierten que, si bien la inflación comenzó a desacelerarse desde fines de 2023, la reconfiguración del mapa social aún no permite una recomposición real del poder adquisitivo. Servicios básicos como salud, transporte o energía, ajustados tras años de congelamiento, hoy consumen una parte mayor de los ingresos familiares, especialmente en los sectores bajos.

Un informe paralelo del consultor Fernando Moiguer sostuvo que se percibe “una recuperación económica que no llega a todos”. Y si bien hay sectores con mayor capacidad de gasto, como el empleo privado registrado, los trabajadores informales y jubilados siguen rezagados.

La desigualdad en el acceso a bienes y servicios básicos se profundiza, y es uno de los factores que más incide en la percepción negativa de la situación económica, incluso cuando las variables macro muestran señales de mejora.

Los rubros que más afectan el ingreso disponible son los alimentos, la atención médica, los medicamentos, el transporte y los combustibles. El informe también destaca que la formalidad laboral es clave para amortiguar estos efectos: quienes tienen empleo en blanco enfrentan con más recursos la crisis, aunque también manifiestan señales de malestar.

Desde la UCA insisten en que este tipo de indicadores deben incorporarse de forma permanente al análisis de la situación social, para no perder de vista la complejidad de un país en el que, aun en períodos de baja inflación, millones de personas no logran recomponer su calidad de vida.